Cuatro cámaras del sector privado pidieron auxilio económico al Gobierno provincial
Comerciantes, hoteleros, gastronómicos y trabajadores independientes integran las entidades que ante la imposibilidad de trabajar y las restricciones solicitaron ayuda a la gestión de Alberto Rodríguez Saá. Si bien hubo al menos 10 solicitudes, no han obtenido respuesta de las autoridades provinciales.
Las medidas vigentes en San Luis no dan respiro a los diferentes rubros productivos que sin poder trabajar con normalidad, deben hacer frente a todas las obligaciones. Ante este crítico escenario, en varias ocasiones pidieron al Gobierno provincial que les concediera algún alivio, pero solo recibieron silencio.
La Cámara de Comercio en San Luis, la Asociación de Comerciantes y Trabajadores Independientes (Acyti), la Cámara Regional Emprendedores, Comercios, Servicio, Industria, Turismo y Afines (Cesit), y la Asociación Hotelera y Gastronómica (Aehga) elevaron notas a la administración de Alberto Rodríguez Saá para exponer la difícil situación que enfrentan.
La entidad que nuclea a los negocios minoristas en la capital fue una de las que más pedidos realizó al Estado durante el último mes.
El 14 de mayo solicitaron al ministro de Producción, Juan Lavandeira acceder a líneas de créditos blandos para “garantizar la subsistencia del sector” y enumeraron tres propuestas en este sentido.
Una de ellas para la adquisición de bienes de capital y de trabajo; una segunda “estratégica” para “un mayor impacto productivo”, “generar empleo” y “construir desarrollo”; y otra destinada a Pymes a fin de que “desarrollen su actividad comercial en la provincia de San Luis, específicamente a la compra de mercadería para la reventa”.
En el mismo documento requirieron “la reducción del 50% de las alícuotas de IIBB (Ingresos Brutos) y la posibilidad de utilizar créditos fiscales de periodos anteriores para saldar obligaciones e impuestos provinciales”.
Una semana más tarde y ante la falta de respuesta, se dirigieron a Rodríguez Saá y al intendente Sergio Tamayo para obtener una eximición en el pago de impuestos provinciales y tasas de servicios municipales.
Además buscaron acceder a un plan especial para hacer abonar las obligaciones “sin la aplicación de punitorios en facturas de electricidad y gas”. Y también pretendieron la “suspensión de vencimientos de carnet de conducir, habilitaciones comerciales y libretas sanitarias”.
La Cámara de Comercio insistió en obtener “líneas de financiamiento con tasa de interés anual y fija del 15% contando con un periodo de gracia de seis meses y un plazo de devolución de 36 cuotas”.
El sector siguió sin contestaciones y por eso reiteró la solicitud al jefe comunal el viernes pasado.
“Es urgente aplicar un salvataje económico para la dura situación que atravesamos las Pymes”, fundamentaron.
Debido a la ausencia de soluciones, en el inicio de esta semana instaron al Comité de Crisis a que permita el ingreso de clientes sin tener en cuenta la terminación de DNI. Lo hicieron bajo el argumento de que la situación que atraviesan los comerciantes es “crítica y desesperante”.
De manera similar, se pronunció en varias ocasiones la Asociación de Comerciantes y Trabajadores Independientes de San Luis. Además rechazaron las disposiciones contra el sector como la restricción por terminación de DNI.
A raíz de la crisis financiera apuntaron a la Legislatura provincial para que por medio de una legislación puedan obtener beneficios para el sector.
A la Cámara de Diputados llevaron las necesidades de los diversos rubros. Y solicitaron que se declare la emergencia económica y con ello reciban asistencia.
Asimismo solicitaron “un paquete de medidas tales como, reducción impositiva, créditos blandos, ayuda económica destinada a afrontar la situación familiar del comerciante”, detalló el presidente Sebastián Mohr.
En paralelo, la Cámara Regional Emprendedores, Comercios, Servicio, Industria, Turismo y Afines implementó acciones.
En una de las notas enviadas al Gobierno provincial advirtieron que casi el 70% de las empresas aún registra ventas por debajo de los niveles de prepandemia. Y por eso destacaron la necesidad de que formulen “políticas planificadas” que tengan “el consenso social y la participación ciudadana”, sobre todo de quienes se ven perjudicados.
Sostuvieron la importancia de contar con la suspensión temporaria del pago de tributos nacionales, provinciales y municipales. Y repitieron el pedido de suspensión del cobro de penalidades e intereses moratorios en los servicios públicos por el tiempo que duren las medidas.
Tras nueve días de confinamiento, desde este lunes la provincia volvió a implementar la actividad comercial, la circulación hasta las 20 y las compras por terminación de DNI.
A su vez, los negocios deben respetar de forma “estricta” los protocolos vigentes, como la ocupación al 30% en espacios cerrados y el uso de la aplicación Trazar.
En consonancia, durante este mes la Aegha presentó nueve notas dirigidas a los diferentes ministerios de la provincia. Entre los puntos, solicitaron una serie de medidas financieras y laborales que permitan aliviar las dificultades que atraviesan propietarios y trabajadores.